Antes de hacer juicios de valor sobre esta circunstancia es necesario rememorar que la negociación del borrador del estatuto se realizó en secreto, entre un reducido grupo del PP y otro del PSOE, el pasado verano. La propuesta no se contrastó con las fuerzas sociales, pese a que se ha pretendido difundir la idea de que constituía una reforma modélica. En consecuencia el texto enviado a Madrid es un pacto de intereses entre particulares.
Por otra parte, la sociedad leonesa viene reclamando el reconocimiento de su singularidad y ambiciones a todos los niveles. Desde la preautonomía no han cesado las reivindicaciones de una administración diferenciada. Pese a todo, las cúpulas del PP y del PSOE no reflejaron esta reclamación en el texto.
El leonesismo ha mantenido un planteamiento de mínimos durante el proceso, basado en los reconocimientos expresos de su lengua como patrimonio colectivo, de la territorialidad –León, Zamora y Salamanca– que fijó el real decreto de 1833 y de la creación de una institución propia del Reino. Aunque sí se incluyó la protección de la lengua leonesa en el borrador, no se introdujo la alusión al País Leonés, ni al Consejo General del Reino de León. En resumen, el reconocimiento del leonés vino a maquillar otras agudas carencias del texto.
Por su parte, el Gobierno central, al plantear el Plan del Oeste, ya había trasladado su desacuerdo a la Junta de Castilla y León por su forma de proceder. Este programa implicaba una dejación de sus responsabilidades en los territorios del Reino de León ante la evidencia de que acumulan un retraso sustancial, en abrupto contraste con el desarrollo castellano. Que inquiete ahora una nueva intervención del Gobierno de España para garantizar la inclusión en el estatuto de las aspiraciones de una mayoría social dice poco a favor de los populares –especialmente de los de León– y de sus comparsas socialistas.
En definitiva, que la reforma estatutaria se haya pretendido realizar en secreto trasluce una ejecutoria que ha convertido la Junta en una finca privada, cuyo amo es el PP de Valladolid, ya que carece de oposición. Sólo resta invocar que se avance en el reconocimiento del pueblo leonés en la tramitación parlamentaria. La inclusión de un Consejo General del Reino de León y la mención textual de su ámbito paliaría la insaciada frustración leonesa.
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