L'edil llïonesista, cuyas conceyerías participan autivamente na celebración d'esti eventu, destacóu'l feichu de qu'en Llión vuelven rializase eventos de calidá cumu esti, nel que la ciudá se chumbará nel universu de los llargos, curtios y documentales de la miyor calidá, cuntandu amás l'eventu cun una más que notable presencia de llingua llïonesa en tolos aspeutos.
Pardo destacóu tamién cúmu dende'l Conceyu de Llión preténdese dar un caráuter participativu y de continuidá al Festival, asperandu cuntare cuna collaboración y presencia de tolos llïoneses amantes del mundu cinematográficu.
El riesgo de destrucción del pozo ha surgido a raíz de la instalación de un parque de molinos eólicos en la cumbre del monte, sin que las diferentes empresas operarias supieran que allí mismo existía esta joya del siglo XII, a pesar de estar documentada y ser conocida. Las máquinas no han pasado por encima de él, porque no ha coincidido, ya que tampoco nadie lo señalizó o acordonó con cinta u otro elemento llamativo.
No se trata aquí y ahora de cuestionar la conveniencia de los molinos de aire ni si es adecuada su instalación en la cima del Cueto. Este escrito no quiere entrar en esa polémica y por tanto no va por ahí la argumentación. Eso queda para los expertos en la materia. Estas letras sólo quieren advertir sobre la amenaza de destrucción que aún pesa sobre el pozo empedrado por los monjes de la orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, dado que las obras continúan y nadie se da por enterado, de momento. Además, el pozo, que se encuentra casi a ras de suelo, es un abrevadero vital para la fauna de un territorio asentado a casi 1.400 metros de altitud. Por favor, que alguien haga algo antes de que sea tarde o irreparable."
La Conceyería de Cultura Llïonesa entama l´a presentación de los llibros mirandeses
Os Luisadas
O Mirandés, História de uma Lengua e de un Povo
Al autu acudirá l’autor D. Amadeu Ferreira, investigador y ún de los másimos promotores del mirandés, idioma surdíu del llïonés en Miranda.
Sábadu y 9, a las 19:00H
Salón d’Autos Palaciu Don Gutierre
Plaza Don Gutierre 2 (Llión)
EL ACUERDO alcanzado entre el PP y el PSOE para distribuir los 125 millones de euros asignados al Plan de Convergencia Interior de Castilla y León resulta ciertamente sorprendente. Y no porque ambos partidos hayan encontrado una fórmula especialmente imaginativa para distribuir ese dinero. No se han estrujado demasiado la sesera: el 90 por ciento del mismo se pondrá a disposición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y del 10 por ciento restante se ocuparán las diputaciones. El número de parados en cada municipio será el único elemento corrector en la distribución lineal de dichos fondos.
Lo insólito es que la fórmula elegida ignora olímpicamente el fin encomendado por el Estatuto de Autonomía a dicho Plan, que, como su propio nombre indica, no es otro que el de procurar la Convergencia Interior dentro de Castilla y León. La disposición adicional segunda del Estatuto no deja lugar a dudas sobre su objetivo: «eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y territorios de la Comunidad». Esos desequilibrios son los que arrojan un mapa hemipléjico en el que las cuatro provincias situadas al Oeste (León, Zamora, Salamanca y Ávila) ocupan el furgón de cola en índice de renta y población frente al tren delantero ocupado por Valladolid y Burgos. De la brecha abierta entre unas provincias y otras da idea el hecho de que la renta per capita de los vallisoletanos se sitúe 32 puntos por encima de la de los zamoranos.
En cumplimiento del mandato estatutario, era obligado que el Plan de Convergencia estableciera una discriminación positiva hacia las provincias más desfavorecidas, a fin de que las inversiones derivadas del mismo contribuyeran a corregir esos desequilibrios. Y hete aquí que los criterios acordados por PP y PSOE, lejos de reducir esa desigualdad, conducen a aumentarla. Además de que el tratamiento igualitario a los desiguales incrementa la desigualdad, el criterio de vincular la distribución del fondo a la tasa de paro prima a los municipios más industrializados, por ser éstos los que registran mayor índice de desempleo. Si los 125 millones de euros estuvieran destinados a combatir el paro, nada habría que objetar. Es más, en este aspecto el Plan de Convergencia Interior, al introducir el desempleo como factor corrector, resulta más equitativo que el Fondo Estatal de Inversión Local, que ha distribuido los 8.000 millones de euros de forma uniforme en toda España, sin tener en cuenta para nada el índice de paro en cada municipio.
Pero sucede que esos 125 millones de euros no estaban destinados a complementar ese Fondo de Inversión Local, que es lo que al final han decidido PP y PSOE. Ese dinero era la dotación presupuestada para otro objetivo distinto, exactamente el de corregir los desequilibrios territoriales. Y resulta que su utilización va justamente en la dirección contraria. Uno no esperaba demasiado de ese llamado «pacto anticrisis» que en Castilla y León se han puesto a negociar los dos partidos mayoritarios. Pero lo que no podía sospechar es que de ese horno saliera un pan como unas tortas que, para mayor inri, desvirtúa por completo un mandato del Estatuto de Autonomía.
"NUNCA ENTENDÍ muy bien aquello de la objeción de conciencia en cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, esta posibilidad de que un ciudadano pueda negarse, amparado en la legalidad, a que sus hijos reciban determinadas enseñanzas en su educación cuando entran en conflicto con las propias convicciones de conciencia, me resulta interesante. Porque si no, ¿qué voy yo a hacer cuando mis hijos alcancen ese momento en su formación educativa en el que se les impartan asignaturas de Geografía e Historia, a sabiendas de la vergonzosa cantidad de errores, ocultaciones y tergiversaciones que contienen en lo relativo a ésta nuestra comunidad? ¿Qué recursos le quedan a un padre al ver que sus hijos son víctimas de una de las artimañas más utilizadas por los nacionalismos de todos los tiempos, a saber, la enseñanza de una Historia tergiversada que sirva a sus fines?
Si analizamos un ejemplo concreto, entre otros muchos muy similares, hallado en uno de estos textos, podemos ver lo que oculta y lo que tergiversa: «A finales del siglo I a. C., Augusto incorporó Castilla y León a la provincia Tarraconense y, más tarde, al convento judicial cluniacense, con capital en Clunia Sulpicio (en la provincia de Burgos)». En primer lugar da a entender que hace dos mil años ya existía esta comunidad autónoma. En segundo lugar, no todo el territorio que hoy ocupan las provincias leonesas y castellanas correspondía al Convento Jurídico Cluniacense: el territorio de la etnia de los astures que ocupaba partes importantes de las actuales provincias de Asturias, León y Zamora formaba el convento judicial asturicense, con capital en Astorga, mientras que el territorio vettón, integrado por el territorio hoy ocupado por Salamanca y parte de Zamora, estaba incluido en la provincia Lusitana. Es decir, nuestros hijos van a recibir una información falsa de su historia, no van a disponer de una correcta y además van a creer que la comunidad autónoma de Castilla y León es y ha sido unidad de destino en lo universal, eterna e incuestionable.
Esta situación incluso contradice el propio Estatuto de Autonomía que en su preámbulo declara que esta comunidad autónoma se formó a partir de dos territorios históricos. ¿A qué obedece el ocultar la evolución histórica de uno de ellos y sustituirla por un batiburrillo de mitos, falsedades, o referencias anacrónicas a una «región» que ni siquiera tiene nombre propio? ¿Por qué no enseñar la formación histórica de León y de Castilla en lugar de identificar recurrentemente la primera con la segunda? ¿Por qué inculcar a los alumnos leoneses la ideología del regionalismo castellano (destacando, por ejemplo, el Pacto Federal Castellano e ignorando que éste fue contestado por León, ocultando la reivindicación autonómica leonesa, etc.)? ¿Por qué ha de ser así? ¿No tenemos derecho a que nuestros hijos reciban una información veraz que los haga crecer como personas y no otra plagada de mentiras que los aborregue?
Frente a este gran problema, la Junta de Castilla y León se inhibe, desentendiéndose de su responsabilidad sobre éstos contenidos educativos y desviándola a los redactores y editoriales de los libros de texto, a pesar de que la competencia en materia educativa está transferida a las comunidades autónomas, y haciendo caso omiso de la exigencia del Procurador del Común en cuanto a establecer unos mecanismos de inspección en los cuales los padres y alumnos podamos participar. "
