Hostigamiento a los conductores
La sanidad pública de León ha sufrido un ataque especulativo desde tres frentes: La Junta, la Dirección del Hospital y el Ayuntamiento de la capital. De todos es sabida la necesidad de la organización de las plazas de aparcamiento entorno al complejo hospitalario, pero lo que no está claro es de quien es la idea de lucrarse con el sufrimiento de los pacientes y los familiares así como causar un perjuicio económico a los trabajadores del centro.
Disfrazar de utilidad pública una obra que sólo busca un rendimiento económico es grave, pero favorecer desde la Administración Pública un negocio privado a expensa de los usuarios y trabajadores del sistema público bebería tener nombre. Tanto desde la Dirección del Hospital como desde el Ayuntamiento no sólo se favorece el uso del aparcamiento privado sino que se coarta la libre elección de los usuarios mediante maniobras coercitivas que persiguen la obligatoriedad “de facto” del uso del mismo.
Desde el Consistorio de la capital se permite a una empresa privada obras que dificulten cualquier aparcamiento alternativo en todo tipo de solares mediante la construcción de una franja perimetral que impida el paso de los vehículos a las fincas, la destrucción del aparcamiento provisional para hacerlo inutilizable, hasta tal punto que han provocado la reclamación por parte de los propietarios que lo cedieron gratuitamente, así como se diseñan unos viales únicamente dirigidos al aparcamiento-negocio y sin plazas públicas, y por otro lado con unas líneas de transporte urbano que tanto por frecuentación como por accesibilidad, desincentivan su uso y por último se persigue a los usuarios del centro con un celo que supera al que sufren los usuarios de la zona ORA (otro negocio privado por cierto).
Mientras la Dirección del Hospital y de forma injustificada, procede a la eliminación sistemática de todas las plazas gratuitas de que dispone el solar del centro y archiva en el cajón del olvido el “parking” de personal de dos plantas que se barajó en su momento, pero que ahora no interesa ¿a quién?
Disfrazar de utilidad pública una obra que sólo busca un rendimiento económico es grave, pero favorecer desde la Administración Pública un negocio privado a expensa de los usuarios y trabajadores del sistema público bebería tener nombre. Tanto desde la Dirección del Hospital como desde el Ayuntamiento no sólo se favorece el uso del aparcamiento privado sino que se coarta la libre elección de los usuarios mediante maniobras coercitivas que persiguen la obligatoriedad “de facto” del uso del mismo.
Desde el Consistorio de la capital se permite a una empresa privada obras que dificulten cualquier aparcamiento alternativo en todo tipo de solares mediante la construcción de una franja perimetral que impida el paso de los vehículos a las fincas, la destrucción del aparcamiento provisional para hacerlo inutilizable, hasta tal punto que han provocado la reclamación por parte de los propietarios que lo cedieron gratuitamente, así como se diseñan unos viales únicamente dirigidos al aparcamiento-negocio y sin plazas públicas, y por otro lado con unas líneas de transporte urbano que tanto por frecuentación como por accesibilidad, desincentivan su uso y por último se persigue a los usuarios del centro con un celo que supera al que sufren los usuarios de la zona ORA (otro negocio privado por cierto).
Mientras la Dirección del Hospital y de forma injustificada, procede a la eliminación sistemática de todas las plazas gratuitas de que dispone el solar del centro y archiva en el cajón del olvido el “parking” de personal de dos plantas que se barajó en su momento, pero que ahora no interesa ¿a quién?
La empresa adjudicataria se lava las manos y ofrece a los trabajadores ofertas de 540€ al año, por tener un sitio donde aparcar cuando van a trabajar. Es decir que al gasto del transporte se suma ese nuevo complemento negativo a los trabajadores, que recordemos, no todos viven en León capital. Ni que decir tiene que no toda la actividad asistencial del centro se reduce a consultas de dos horas, sino que hay estancias prolongadas de los enfermos más graves y que contribuirán al enriquecimiento de la empresa y el Ayuntamiento. Por supuesto todos estos problemas no afectan a la Dirección que cuenta con plazas reservadas a tal efecto dentro del recinto hospitalario.
Ahí esta el beneficio
El Alcalde no asume su parte de responsabilidad como Administración que facilita la concesión e intenta desviar el problema hacia la Dirección, mientras son los contribuyentes los que amortizan la obra realizada, pero eso sí no duda en hacerse las correspondientes fotos con el empresario favorecido y que desde su propio medio de comunicación, censura y da información sesgada del conflicto. El Alcalde agradece a la empresa la inversión pero se olvida que no está dando un servicio público, sino favoreciendo un negocio privado a costa de los usuarios y trabajadores de la sanidad pública; es el progresismo del siglo XXI.
Franja en el perímetro
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