miércoles, 16 de enero de 2013

LA ENSÍN RAZÓN DEL ESTÁU AUTONÓMICU AUTUAL

Espublizáu guei nel Diariu de Llión 

EL FEDERALISMO QUE HA DE VENIR

(I)


José Luis Prieto.
Director del Campus Noroeste de la UNED
15/01/2013





Las soluciones políticas son coyunturales, siempre; consecuentemente, también la que se dio como respuesta a la necesidad de un nuevo proyecto político que relevara a la Dictadura franquista. Aquella solución, la Constitución de 1978, supuso el compendio normativo posibilista de un clima sociopolítico conocido como la «Transición española», por muchos calificado de modélico y por alguno considerado como patrimonio nacional al que apelar en situaciones difíciles (como sin duda lo es la actual), obviando que aquella solución política era, efectivamente, coyuntural; inválida para la situación presente, sin que en ello tenga nada que ver la clase política de uno y otro tiempo, en absoluto comparables. Y este es el axioma del que hemos de partir: coyuntural fue y es el modelo de Estado, el Estado autonómico, y coyuntural fue y es el régimen, la monarquía parlamentaria.

La situación de entonces condujo a que en la Constitución se dejaran demasiadas cosas para una postrer regulación por Ley; de este modo, elementos de primer orden en cualquier modelo de Estado descentralizado (primera exigencia de la coyuntura), como competencias y financiación, quedaron para mejor ocasión. Respecto del régimen, la coyuntura fue implacable: el sucesor, que había jurado los Principios del Movimiento, habría de someter la propia noción de juramento a un soberano retorcimiento (coyuntural) de la norma, proceso a cuya resolución se le denominó «harakiri» de las Cortes franquistas. De todo aquello resultó un Estado descentralizado, sí, pero de descentralización progresiva y «controlada», dependiente en todo momento del peso de los nacionalismos en las Cortes generales, es decir, de su capacidad de mantener o dejar caer al gobierno central. Por lo que se refiere al régimen, el golpe del 23-F dignificaría la persona del monarca, don Juan Carlos de Borbón, legitimando directamente a la persona e indirectamente el régimen.

Una nueva coyuntura histórica de tamaño colosal, la crisis económica de los países occidentales del primer mundo, y el cambio de valoración de la persona del monarca y de su familia, están incidiendo en la concepción del propio sistema político y en cada uno de sus dos elementos esenciales aquí considerados, el modelo de estado y el régimen; de nuevo, las coyunturas afectando a las esencias.

El modelo hoy denominado «Estado de las Autonomías», compuesto, discompetencial y parcialmente descentralizado que sustituyó al centralismo franquista descansó en la necesidad de consenso como único modo de construir una opción política con visos de durabilidad para tres agentes principales: los partidos políticos, la Corona de la línea dinástica (y de la persona) designada por el Caudillo y los nacionalismos mal llamados «históricos». Fue el consenso el que elaboró el «paquete constitucional», presentado a la ciudadanía como único, indivisible y sin alternativas, de tal modo que a través de una sola consulta se legalizaran (y legitimaran) dimensiones políticas que no necesariamente tenían por qué haber ido juntas, como si democracia, monarquía y un peculiar tipo de descentralización (Estado Autonómico) constituyeran un todo indisociable, de modo tal que si se decía no a una parte del paquete, también se decía no a las demás.

Y lo que entonces constituyó una solución, muestra hoy su debilidad coyuntural. La crisis del Estado de las Autonomías seguramente no afectará a la democracia, pero sí puede afectar a la Corona, puesto que si entonces hubo buenas razones para no hacer referendos por separado respecto del régimen y del modelo de Estado, hoy no las hay, o, cuando menos, no son las mismas. ¿Qué razones pueden esgrimirse, hoy, en contra de un referéndum sobre el régimen, monarquía o república?, ¿cuáles, para otro sobre el modelo de Estado, centralizado o descentralizado? Estas consultas, realizadas entonces, muy probablemente habrían dado como resultado una monarquía en un país centralizado. Hoy (dentro de unos años), probablemente, darán una república federal. ¿Se harán las consultas por separado o se propiciará otro paquete constitucional? ¿Qué aconseja la coyuntura actual? Llegado el momento oportuno, ¿será el pueblo español considerado sujeto jurídico suficiente para ambas consultas?, ¿gozará de la mayoría de edad jurídica que se le negó a la muerte de Franco?

En buena medida, depende del PSOE. Si se convierte en un partido residual, como algunos datos parecen indicar (particularmente, la tremenda desafección de la juventud respecto de este partido), previsiblemente, crecerá Izquierda Unida y surgirán otros partidos de corte socialdemócrata de alcance territorial, que recogerán el voto de un socialismo que ha sido el garante, hasta hoy, del republicanismo coronado al que, de hecho, sostiene. La desafección general de la ciudadanía respecto de la clase política representada por los partidos mayoritarios, podría (paradójicamente) provocar una amalgama de partidos que nos harían evocar otros tiempos que, mejor sería, permaneciesen anclados por siempre en la Historia.

Respecto del modelo de Estado, una consulta, en medio de una crisis que la incompetencia de sus gestores ha hecho responsable a las Autonomías de casi todos los males que nos aquejan, tal vez, produciría una gran división en el país, pues buena parte de los territorios podrían optar por la vuelta a un Estado central, mientras que en otros, los más poblados, previsiblemente optarían por la descentralización. ¿Qué hacer, entonces?

No hay otro camino que un nuevo Pacto constitucional. Pero esta vez no tiene por qué ir todo en el mismo paquete, modelo de Estado y régimen (la democracia ya no está en cuestión, pero sí podrían estarlo el modelo de Estado y el régimen, si el sujeto de la consulta fuese el pueblo español y no, por separado, los pueblos que lo conforman). Parece urgente abordar el modelo de Estado, pero no hay tanta prisa en abordar el régimen, afortunadamente, asunto no tan relevante como el primero para el cotidiano devenir de los ciudadanos, lo que no significa que haya que renunciar a su tratamiento, aunque solo sea para no transgredir el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley respecto del asunto nada menor de quién puede ocupar la Jefatura del Estado.

Centrémonos, pues, en el modelo de Estado. Lo razonable a la hora de abordarlo es dejar a las ideologías en su sitio y analizar lo más objetivamente posible qué cosas positivas ha tenido la descentralización y cuáles han sido negativas. Este es un trabajo que habrán de hacer los políticos, pero sobre todo las universidades. No obstante, algunas conclusiones gruesas forman parte ya de la conciencia colectiva del país:

1.- Insuficiente y/o deficiente distribución competencial Gobierno central-gobiernos autonómicos. Ausencia, más o menos generalizada, de aplicación del principio de subsidiariedad.

2.- Deficiencias en el Ordenamiento territorial autonómico establecido en la Constitución de 1978: excesivo número de Comunidades Autónomas y agrupamientos territoriales insatisfactorios. Cuestionamiento per se de la ordenación territorial provincial y de la municipal en su demarcación actual.

3.- Insatisfacción generalizada respecto del modelo de financiación del Estado Autonómico. No reconocimiento del principio de ordinalidad y desigualdad territorial en la capacidad fiscal.

4.- Desigualdades territoriales en servicios básicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Estos argumentos serían suficientes para justificar un nuevo diseño del Estado español, sin necesidad de entrar en otros aspectos de funcionamiento ordinario de base institucional (disfunciones en el control de entidades bancarias, planes de ordenación territorial no integrados, mala gestión de los recursos de base territorial, como el paisaje, las cuencas hidrográficas, etc.).

En realidad, las cuatro conclusiones señaladas podrían concretarse en dos: un deficiente diseño del mapa territorial autonómico y una mala distribución competencial. La primera, con consecuencias en la insatisfacción de ciertos pueblos, que no han visto reconocidos sus deseos de autogobierno (caso de los leoneses) y, también, debido a la proliferación de Autonomías con poco territorio y escasa población, con efectos evidentes en el coste de su administración y/o gestión. La segunda, con consecuencias todavía más dramáticas si cabe: incumplimientos de Estatutos autonómicos, dependencia de la coyuntura político-electoral (partidista) respecto de la financiación de los pueblos, privilegios de territorios históricos y, sobre todo, desigualdad de trato a los ciudadanos en servicios esenciales. Resumiendo: estamos ante un sistema organizativo territorial económicamente inviable (jamás hubiese sobrevivido fuera de la coyuntura de los fondos europeos y, previsiblemente, quiebre con ellos, si no se aplican los cambios necesarios) y construido al margen de realidades culturales, históricas y geográficas en algunas de sus partes más notables.

Por otra parte, los consensos suelen dejar huella indeleble de las concesiones a las que solo coyunturalmente se renuncia y tampoco la Constitución de 1978 es ajena a ello. La inclusión de las «nacionalidades» dejó dos secuelas importantes: el distinto reconocimiento de las personalidades territoriales (en algunos casos con demarcación geográfico-administrativa de espúrea justificación, como el caso mencionado del (mal)trato dado al territorio leonés) —asunto que ha llevado a algunos de sus titulares a la negación del conocido «café para todos»—, y, el hoy más importante si cabe, la atribución de los pueblos que las habitan como sujetos jurídicos de decisión. ¿Qué rango socio-jurídico cabe atribuir a los sujetos de las nacionalidades?, ¿acaso no son pueblos?, ¿qué es lo que convierte a unos territorios en naciones, a otros en nacionalidades y a otros en regiones? A modo de ejemplo, para que todo el mundo pueda entenderlo: ¿por qué el territorio de León es una co-región administrativa y los de Cataluña, Euskadi y Galicia constituyen sendas nacionalidades?

 

1 comentario:

Carlos X. dijo...

D´alcuerdo al cien por cien.